La primera de las acciones emprendidas por la Gobernación del Atlántico en el marco de la atención a la emergencia que se registró por la ruptura de la vía entre Calamar y Santa Lucía, el 30 de noviembre de 2010, originando un boquete que alcanzó en menos de 48 horas una longitud de 248.5 metros, fue la de atender los requerimientos técnicos para el proceso de cierre y posterior evacuación de aguas.
El cierre es apenas un primer paso del complejo proceso en el que la ingeniería juega un importante papel, acompañado de la experiencia de los afectados, quienes durante muchos años han padecido inundaciones en distintas dimensiones.
Una vez cerrado el chorro que produjo el ingreso de 1.200 millones de metros cúbicos de agua a la zona impactando la tercera parte del territorio del Atlántico, se debe proceder a la evacuación de esas aguas, con acciones concretas de extracción, tratamiento y manejo adecuado de los volúmenes presentes.
La evacuación de las aguas se hará de manera científica, para evitar impactos negativos sobre las poblaciones que se encuentran aguas abajo del canal del Dique. Especialmente San Cristóbal, Arenal, Soplaviento y Gambote, en jurisdicción del departamento hermano de Bolívar.
El estudio técnico diseñado por el experto Manuel Alvarado, de la Universidad del Norte, presenta 5 escenarios del modelo hidráulico para la evacuación. El primer punto contempla la salida por gravedad a partir de la utilización de vías tradicionales como la presa de Polonia y las Compuertas de Villa Rosa. El flujo de ese primer escenario que ya se está desarrollando establece la posibilidad de evacuar por esa vía unas dos terceras partes de la totalidad del agua que es necesario sacar.
El segundo escenario, en el que igualmente la gravedad juega un papel importante, es esperar que el nivel del Canal del Dique baje en próximos días entre 1 y 2 metros, para manejar la salida de parte de las aguas por el mismo sector por el que entró, es decir la zona del boquete.
La opción tres es la necesaria utilización de motobombas en los sectores en los que no se puede manejar por gravedad y en ese orden de ideas se estima que pueda salir apenas un 5 por ciento del volumen total.
La cuarta opción es romper mecánicamente y de manera controlada algunos tramos de la carretera oriental en el sector de Bohórquez a Campo De La Cruz, para aprovechar los desniveles y complementar el flujo por gravedad y el quinto escenario es el secado natural que por evaporación se ha dado desde el mismo momento en que pararon las lluvias y seguirá contribuyendo con el comportamiento climático de la Región.
Limpieza y Manejo de Residuos
El proceso de evacuación de las aguas conlleva un complemento de limpieza de las zonas afectadas y manejo adecuado de los residuos orgánicos e inorgánicos que se producen por efectos de la misma evacuación.
Se ha previsto un plan de acción en el que las comunidades juegan el más importante de los papeles, si se tiene en cuenta que el retorno a casa se producirá una vez estén dadas las condiciones de higiene y salubridad que garanticen la normal convivencia.
En municipios como Suan y Santa Lucía esta tarea ha avanzado en la medida en que las familias han podido acceder hasta las viviendas que debieron abandonar cuando se dio la orden de evacuación.
Brigadas de aseo y salud acompañarán el proceso de retorno a casa, mientras que las autoridades llevan a cabo el plan de acción de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos. La Gobernación del Atlántico dispuso el acompañamiento de la tarea a través de los elementos materiales de los que se dispone para evacuar los residuos de las calles y áreas comunes en los municipios afectados.
Para otras zonas como la parte baja de Manatí y Repelón, el municipio de Campo De La Cruz y los corregimientos de Bohórquez y Algodonal se ha diseñado un plan similar, en el que la tarea se irá ejecutando en la medida en que se vaya sacando el agua que hoy todavía está inundando la región.
Esta tarea requiere un acompañamiento institucional, a la vez que pone a prueba la capacidad de comprensión e interacción de las comunidades para colaborar en el diseño de la estrategia. Los habitantes de las zonas afectadas juegan un papel trascendental en esta labor de reconstrucción del Atlántico en donde se tiene claro que nada será igual, todo va a ser mejor.
RETORNO A CASA
Para el retorno a casa de las personas que debieron abandonar sus hogares ante la arremetida de las aguas del Canal del Dique se ha diseñado una estrategia integral de atención, que comprende varios aspectos relacionados con la adecuación de los sitios a los que deben volver.
Una primera etapa de atención en el sitio en que debieron albergarse provisionalmente para recibir las ayudas permitió avanzar en la elaboración del censo. El total de las personas afectadas es de 119.084 pertenecientes a 23.283 familias. El dato incluye a los residentes de los municipios del cono sur, sumados a los de los corregimientos ubicados en el área de influencia del Embalse del Guájaro que recibió el impacto directo de las aguas que saturaron ese cuerpo hídrico.
La Gobernación del Atlántico identificó a 56 mil personas desarraigadas de su sitio de origen quienes están en albergues y arriendos temporales en otros sitios fuera de su jurisdicción. El retorno comprende en primer lugar la identificación de la situación particular de ese desplazamiento que obligó al damnificado a abandonar su casa de habitación tradicional.
Ese retorno ahora debe hacerse en condiciones dignas y por eso el Gobierno Nacional a través de Colombia Humanitaria ha acogido el Plan de Acción del Atlántico como modelo para el país.
El modelo de construcción de albergues diseñado para el Atlántico es producto de la evaluación de varias propuestas que se presentaron y que hoy resulta un avance en términos de disponibilidad de espacios para la convivencia unifamiliar y la adaptación a condiciones especiales de convivencia con otros núcleos poblacionales.
En ese orden de ideas se dispone de espacios modulares de 18.5 metros cuadrados por familia y áreas comunes compartidas para el aseo personal, el esparcimiento y la recreación.
Los albergues son transitorios y por ello el paso definitivo a los hogares en los que residían antes de la inundación se hará en la misma medida en que avance la evacuación de las aguas y la adecuación de las poblaciones.
Con la Corporación Regional Autónoma del Atlántico CRA se avanza en el diseño de la estrategia de recolección y disposición final de los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos que se producen en la zona.
Las familias contribuyen con la limpieza individual de cada casa, pero institucionalmente se acompañará la acción de retorno, con brigadas de salud, fumigación, incineración de cadáveres de animales y recolección de las basuras en las calles.
La Secretaría de Salud del Atlántico atiende lo relacionado con la fumigación, mientras que el Batallón Vergara y Velasco contribuye con la maquinaria y personal del Ejército para el manejo de la situación de recolección de basuras en las calles y las zonas públicas.
El Gobierno Departamental ha establecido además un estudio completo de las necesidades de inversión en el Plan de Recuperación del Sur en el que el componente de reubicación y mejoramiento de viviendas tiene asignado un capítulo especial por el orden de los 104.565 millones de pesos.
RETORNO A CLASES
El Departamento del Atlántico demostró ante el país una adecuada capacidad de reacción ante la emergencia ocasionada por el colapso del Canal del Dique, toda vez que al momento de presentarse el rompimiento de la carretera, con la posterior inundación de los municipios, se dio la orden de ubicar a los afectados en las sedes de los colegios.
Las instituciones educativas sirvieron de albergue temporal y allí se desarrolló durante más de 45 días una dinámica de convivencia que puso a prueba el nivel de tolerancia y la capacidad de adaptación de los atlanticenses ante situaciones complejas.
En lugar de cerrar las puertas de colegios que en muchos casos apenas estaban en proceso de conclusión de obras de adecuación para el periodo lectivo 2011, la Secretaría de Educación dispuso de esa infraestructura para solucionar el problema de ubicación de damnificados.
Un compromiso inicialmente previsto para desocupar las aulas antes del 15 de enero, fue revisado y se acordó la estrategia de garantizar la matrícula a los estudiantes damnificados en el sitio en el que se encontraran.
Personalmente la secretaria de educación Lilian Ogliastri se trasladó a los barrios de Barranquilla a buscar estudiantes para validarles su matrícula, mientras un equipo interinstitucional diseñó el proceso de recepción de documentos y valoración para garantizar que ningún niño se quede sin estudiar.
Durante la emergencia se utilizaron las instituciones educativas en casi todos los municipios, albergando en total a 15.111 personas de 3074 familias en los colegios de Ponedera, Sabanalarga, Baranoa, Manatí, Polonuevo, Galapa, Tubará, Suan, Repelón, Palmar de Varela, Sabanagrande, Candelaria, Santo Tomás y Malambo.
ASESORIA DE COMUNICACIONES
