Luego de conocerse el concepto del Consejo de Estado sobre la forma como debe liquidarse la deuda que por concepto de cuotas de sostenimiento tiene la administración departamental con la Universidad del Atlántico, las dos instituciones llegaron a un acuerdo sobre el monto de los recursos que deben ser girados al centro de educación superior.
Durante una reunión presidida por el Gobernador (e) Pedro Aragón y la Rectora (e) de la Universidad Ana Sofía Meza, se acordó que los dineros que deben ser girados por este concepto están por el orden de los $15 mil millones de pesos.
Al respecto, Pedro Aragón explicó que en este punto el elemento fundamental es que las transferencias anuales que hace el Departamento para el pago de deuda no se convierten en aportes, sino que es la misma base de 1993 indexada anualmente.
“En ese sentido ya quedó definido y estamos logrando las cifras concretas. Estamos alrededor de 15 mil millones de pesos, faltando por conciliar algunos aspectos menores”, anotó el funcionario.
El litigio se originó por el cobro que la Universidad le hizo a la Gobernación por concepto de sostenimiento que ordena la Ley 100 y que debían liquidarse a partir de 1993, cuando las universidades estatales adquirieron un nuevo régimen regulador.
El alto tribunal conceptuó que no es posible que las deudas que la Gobernación del Atlántico tiene con la Universidad por concepto de vigencias vencidas se convirtieran en la base para los aportes de los años siguientes.
ESTAMPILLA PROCIUDADELA UNIVERSITARIA
En el marco del buen ambiente que existe en la negociación entre las partes, la Gobernación y la Universidad del Atlántico continúan discutiendo el aspecto relacionado con la distribución y destinación de los recursos de la estampilla Prociudadela Universitaria.
Al respecto, rectora de la institución de educación superior, Ana Sofía Meza, considera que la totalidad de estos recursos deben destinarse a la construcción de proyectos de infraestructura para el desarrollo de la Ciudadela Universitaria.
La posición de la Gobernación es que la Ley que creó la estampilla ordena que el 20% de estos recursos tienen como destinación programas de vivienda social.
“La estampilla nació cuando la Universidad era departamental y luego vino la ley y produjo unas decisiones sobre los porcentajes de esos recursos destinados a la erradicación de tugurios. La Universidad considera que se le debe enviar la totalidad de los recursos para obras en la institución y no a los programas de vivienda, nosotros creemos que no es correcto, pero estamos en la búsqueda de un acuerdo”, dijo Pedro Aragón.
En cuanto al tema de las pensiones, la Udea y la Gobernación están pendientes de una definición judicial en cuanto al convenio de concurrencia ya que la Universidad demandó más de 100 pensiones y los jueces no han decidido sobre la legalidad.
ASESORÍA DE COMUNICACIONES
